Contra la criminalización de Internet

La mayoría de consumidores e internautas consideran abusivas las restricciones al intercambio de ficheros. En España sin duda el tema sigue dando mucho de que hablar.

Como ya se había informado, el pasado verano una jueza española sentenció a favor de lo que muchos internautas consideran un derecho básico: el intercambio de datos en Internet.

La jueza titular del Juzgado número 3 de lo Penal de Santander, Paz Aldecoa, absolvió a un internauta acusado de descargar y compartir música en Internet. La sentencia tiene fecha del 14 de julio, pero no se notificó a los interesados hasta septiembre y no empezó a popularizarse hasta finales de octubre y principios de noviembre.

Se pedían para él dos años de cárcel y varias decenas de miles de euros en multas e indemnizaciones, pero la juez consideró que la actividad del internauta no suponía delito al no existir ánimo de lucro por su parte.

Por supuesto, la noticia ha traído cola. La Asociación de Internautas y la mayoría de usuarios de Internet que se han enterado de la noticia estos días la han aplaudido, pero chocan con la opinión de la acusación: el Ministerio Fiscal, la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (Afyve) y la Asociación Española de distribuidores y editores de software de entretenimiento (Adese)., así como la de las casas discográficas. Los miembros del gobierno de España relacionados con la noticia: la ministra de Cultura y el ministro de Justicia no se han posicionado claramente al respecto.

En cualquier caso, aunque la sentencia parece ejemplar, la conducta del acusado no ayuda a disipar sospechas. Al parecer tenía casi 7.000 álbumes de música en su poder y ha formulado un recurso a pesar de la absolución, ya que por lo visto en la sentencia también se determina que los discos en los que guardaba la música deben ser requisados y destruidos.

Por otra parte, casi al mismo tiempo que se comunicaba la ya famosa “sentencia de Santander”, se rechazaba el recurso de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra la “sentencia del canon judicial” en la Audiencia Provincial de Málaga, que había fallado que grabar un juicio en CD no está sujeto al pago del canon que compensa a los autores por la copia privada, de modo que se obligaba a una tienda a devolver 0,19 euros al comprador de un CD virgen.

La mayoría de consumidores e internautas consideran abusivas las restricciones al intercambio de ficheros. En España, el canon que grava determinados productos a favor de la SGAE podría atentar incluso contra la justicia que sus promotores claman para sí, tal y como argumentan algunos grupos de defensa de los consumidores y de los internautas.